La escalada de tensión internacional ha dejado de ser un problema exclusivo de las cancillerías para convertirse en una amenaza directa al consumo doméstico. Con el petróleo actuando como termómetro del miedo geopolítico, el debate en España se traslada de las gasolineras a la política fiscal. No se trata solo de cuánto sube el barril, sino de cuánto margen tiene el Estado para amortiguar el golpe. Ante un escenario donde el 50% del precio final son impuestos, la propuesta es clara: el alivio real no vendrá de la tregua en el frente, sino de una intervención directa sobre el IVA y la carga impositiva que grava la energía.
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