The trader nº 96
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Mis claves
En la mayoría de los países desarrollados, los gobiernos dedican mucho más tiempo, energía y creatividad a idear nuevas formas de recaudar impuestos que a reducir el gasto público. La Unión Europea y España son claros ejemplos de esta tendencia, donde el foco sigue estando en aumentar los ingresos en lugar de buscar una administración más eficiente y sostenible.
Mientras en Bruselas se debaten nuevos impuestos sobre emisiones, grandes fortunas o transacciones digitales, y en España se anuncian subidas fiscales cada vez que hay que cuadrar las cuentas, países como el Reino Unido y Estados Unidos han comenzado a plantear el problema desde el otro lado del balance: reducir el gasto.
La ministra de Hacienda británica, Rachel Reeves, anunció un plan para reducir en 10.000 el número de empleados públicos como parte de un recorte del 15% en los costes operativos del gobierno. Se trata de una estrategia que busca eficiencia sin renunciar al gasto público esencial, priorizando su destino y aplicando tecnología como la inteligencia artificial para combatir el fraude y optimizar procesos. El gobierno laborista británico, lejos de aumentar impuestos, ha optado por ajustar el gasto en bienestar social y recortar presupuestos administrativos por valor de 2.000 millones de libras de aquí a 2030. Todo esto con la intención de liberar margen fiscal sin recurrir a más presión impositiva sobre empresas o ciudadanos.
En paralelo, EE. UU. también ha adoptado una política orientada a reducir la dependencia externa y repensar el gasto. Si bien se ha hablado mucho de aranceles y estímulos a la producción local, también hay una tendencia a racionalizar el gasto público, sobre todo en sectores donde la digitalización puede mejorar la eficiencia.
El caso más extremo, pero ilustrativo, es el de Argentina bajo el nuevo gobierno de Javier Milei. En lugar de subir impuestos, ha optado por una drástica reducción del gasto público como vía para equilibrar las cuentas del Estado. La eliminación de ministerios, la reducción masiva de subsidios y la apuesta por el equilibrio fiscal han generado un debate internacional sobre hasta dónde puede llegar un ajuste sin tocar la carga impositiva. Si bien su modelo es polémico y sus efectos sociales están por verse, ha logrado poner el foco donde muchos gobiernos no quieren mirar: en el tamaño del Estado y en la necesidad urgente de gestionar mejor los recursos públicos.
En contraste con esta nueva ola del control del gasto, los países europeos siguen atrapados en la lógica de la recaudación. En España, la plantilla del sector público ha crecido de forma sostenida en los últimos años, y los esfuerzos por racionalizar estructuras administrativas son escasos. Cada nuevo reto presupuestario suele traducirse en un nuevo impuesto, una subida de los existentes o en una deuda mayor. Por no hablar de la estratagema de no deflactar los tramos del IRPF durante la crisis inflacionaria de los últimos años, que ha supuesto una subida de impuestos encubierta, ya que los ciudadanos pagan más simplemente por el efecto de la inflación sobre sus salarios nominales, sin que hayan mejorado realmente su poder adquisitivo.
Fuente: Elaboración propia con datos de Theobjective, Tradingview
La imagen superior lo deja claro: la deuda pública no ha dejado de aumentar y ya supera los 1,6 billones de euros. Y eso, incluso antes de asumir el monumental desafío de elevar el gasto en defensa para cumplir con los compromisos marcados por la Unión Europea y la OTAN.
En el gráfico inferior derecho se aprecia algo aún más inquietante: cada nuevo pico de deuda sobre PIB se sitúa sistemáticamente en niveles más altos que el anterior. La tendencia es clara y ascendente, como si cada crisis dejara un listón más elevado que la siguiente se encarga de superar. Basta con prolongar esa línea para imaginar un futuro donde España alcance ratios del 130% o incluso 140% de deuda sobre PIB.
Conclusión
Revisar el gasto público es tan importante como discutir sobre impuestos. Lo que están haciendo Reino Unido, EE. UU. y, en un plano más radical, Argentina, debería abrir el debate también en Europa y en España. La sostenibilidad fiscal no solo depende de cuánto ingresa el Estado, sino también de cuánto y cómo gasta. Sin reformas estructurales orientadas a la eficiencia, la presión fiscal no dejará de aumentar, y con ella, el descontento de una sociedad que cada vez ve más lejana, la promesa de un Estado moderno, eficaz y capaz de garantizar un verdadero incremento del bienestar colectivo.
Lo que más me preocupa cuando hablamos de España, es que, pese a esta realidad, no se percibe voluntad política de contener el gasto. Ningún plan de ajuste. Ninguna estrategia de eficiencia. Todo lo contrario: el actual Gobierno no solo es uno de los que más ministerios acumula en toda Europa, sino que ha disparado la contratación de asesores como ningún otro antes.
Mientras tanto, los fondos europeos —que deberían haber sido una palanca para transformar la economía— se han usado, en muchos casos, para tapar agujeros estructurales. No hay una política coordinada para redimensionar el sector público ni para hacerlo más eficaz. Solo parche tras, parche.
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En el radar
EE. UU. Se plantea atacar barcos chinos
No se trata de un ataque militar, sino de un ataque comercial. La nueva propuesta de la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. plantea imponer aranceles millonarios por cada escala en puertos estadounidenses de barcos construidos en China. Con ello, se pretende frenar la supremacía de China en la construcción naval y la logística marítima. Y algunos analistas dicen que esta medida podría tener un impacto mucho más profundo que los aranceles impuestos por Donald Trump en 2018.
China es el líder absoluto en construcción naval, ya que produce más de la mitad de los barcos de carga del mundo por tonelaje, una cifra que contrasta con el 5% que tenía en 1999. En cambio, EE. UU. apenas fabrica el 0,01% de los barcos comerciales globales. El dominio chino otorga a Pekín un gran poder sobre el suministro, los precios y el acceso al transporte marítimo global.
Fuente: Clarksons, Bloomberg
El plan estadounidense contempla imponer entre 1 y 3,5 millones de dólares por escala en puerto a los barcos construidos en China, dependiendo de su operador y si tienen más pedidos pendientes en astilleros chinos, lo que afectaría a más del 80% de los portacontenedores que llegan a EE. UU.
De llevarse a cabo esta medida, implicaría un aumento drástico de los costes de transporte marítimo, la redirección del comercio hacia Canadá y México, una mayor congestión en los grandes puertos estadounidenses, daño directo a puertos más pequeños como Oakland o Charleston, pérdida de competitividad de productos agrícolas y manufacturados de EE. UU. y presión inflacionaria adicional para los consumidores.
Los críticos advierten que sería imposible cubrir la demanda futura con buques construidos exclusivamente en EE. UU., dada la falta de capacidad industrial y marinos formados. Pero el trasfondo de la medida está vinculado a un cambio de enfoque en Washington, que ahora ve el transporte marítimo como una cuestión de seguridad nacional. La idea de “Make Shipbuilding Great Again” resuena con la narrativa de recuperar la autosuficiencia industrial.
Conclusión
Si se aprueba la propuesta, muchos prevén una fragmentación del mercado marítimo global, con barcos construidos en China siendo evitados por temor a los aranceles en EE. UU. En sectores como los petroleros, ya se empieza a observar este comportamiento. Pero evitar astilleros chinos provocará otros problemas: los astilleros alternativos en Corea del Sur y Japón están al límite de capacidad hasta 2028.
El intento de Trump por frenar el avance marítimo de China con aranceles punitivos podría desencadenar una ola de disrupciones en el comercio global, lejos de revitalizar la industria naval estadounidense. Como advierten varios expertos: si alguien quisiera golpear el comercio mundial con un mazo, esta sería la forma de hacerlo.
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