The trader nº 114
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Mis claves
Durante décadas, las empresas abrazaron el modelo de Apple: diseñar en California y fabricar en cualquier rincón del planeta donde la mano de obra fuera barata. Subcontratar, deslocalizar, reducir costes. Esa fue la receta dominante en la era dorada de la globalización. Pero ese mundo está cambiando. Y rápido. La guerra comercial iniciada por Estados Unidos, la pandemia, los conflictos bélicos y la fragmentación geopolítica han puesto fin a la ilusión de un sistema económico sin fricciones.
Lo que antes se consideraba ineficiencia —controlar demasiadas etapas de la cadena de producción— ahora se percibe como protección frente al caos. El péndulo vuelve a oscilar. De nuevo, se impone el modelo de Ford de los años 20: “de la mina al coche terminado, una sola organización”. Lo que parecía una reliquia del pasado industrial está resurgiendo con fuerza, impulsado por nuevas tecnologías, por el miedo a la disrupción externa y por la necesidad de garantizar estabilidad y suministro.
Tesla es el mejor ejemplo de esta transformación. Controla desde el software de sus coches hasta las minas de litio que necesita para producir baterías, pasando por su propia red de distribución. Microsoft no se queda atrás: ha bajado hasta la capa física de servidores y ha subido hasta el entretenimiento digital, creando un ecosistema completamente cerrado. Amazon construye sus propios centros de datos, sus flotas logísticas e incluso sus robots de reparto. Google diseña sus propios chips y controla buena parte de la infraestructura de internet. El sueño de la «corporación virtual» se desvanece, sustituido por gigantes que integran cada eslabón de su negocio bajo un mismo techo.
¿Por qué este giro? Porque la incertidumbre geopolítica ha roto el tablero de juego. Los aranceles vuelven a estar de moda. Las cadenas de suministro largas y dispersas han dejado de ser fiables. Y los gobiernos compiten ofreciendo subsidios, exenciones fiscales y contratos a quienes repatrien producción y controlen recursos clave. Entre 2017 y 2023, Europa, EE. UU. y China han disparado su intervención económica. El modelo de libre mercado está siendo sustituido por un capitalismo dirigido desde los despachos ministeriales.
Pero no es solo una cuestión de política o estrategia. También hay un factor psicológico que no debe subestimarse: las grandes tecnológicas se han vuelto paranoicas. Quieren controlarlo todo. No se fían ni del clima ni de sus proveedores. Tienen el dinero, el talento y la ambición para hacerlo. Y tienen otra cosa: miedo. Miedo a que una disrupción externa las deje fuera de juego. Por eso se blindan. El resultado es una nueva era de «superempresas» hiperintegradas y dependientes del poder estatal, capaces de moverse con la agilidad de “startups” pero con el músculo financiero de naciones enteras.
La historia nos da pistas. A comienzos del siglo XX, la concentración empresarial derivó en un capitalismo más ordenado, sí, pero también más ineficiente, más opaco y dependiente del poder del Estado. Hoy estamos ante una reedición de aquel modelo, ahora alimentado por la inteligencia artificial, la automatización y una geopolítica mucho más fragmentada. Y lo más curioso es que los ciudadanos reciben con alegría el mensaje político que sustenta esta tendencia, porque la asocian con seguridad, empleo y nacionalismo económico.
Conclusión
La globalización no ha muerto, pero se ha transformado. Ya no es sinónimo de apertura, sino de control. De eficiencia basada en la escala, no en la dispersión. De alianzas entre gobiernos y empresas en lugar de competencia entre proveedores globales. Como siempre que cambia el modelo, habrá ganadores… y muchos perdedores. Y, como ocurrió en el pasado, tarde o temprano, llegará el momento en que nos preguntemos si este nuevo orden también tiene fecha de caducidad.
El mayor riesgo que percibo en este modelo es que la consolidación aumenta, las relaciones con los gobiernos se intensifican, y si ello lleva a una reducción de la competencia, acaba por estancar la innovación. Y no hay nada que paralice más a un sistema que cuando las empresas dejan de innovar para proteger lo que ya tienen. Ya lo vivimos con US Steel y American Tobacco hace más de un siglo. Cuando los gigantes corporativos dominaban el mercado, dejaron de competir en ideas y empezaron a sobrevivir por escala y poder político.
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El precio de la paz: Trump arranca a Europa, energía, armas y sumisión
El presidente Donald Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaron este domingo un nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. Pero, lejos de generar certidumbre, el pacto ha dejado abiertas múltiples incógnitas que podrían complicar su implementación y generar fricciones a corto y medio plazo.
Según la versión oficial europea, se ha acordado un arancel general del 15% para casi todas las exportaciones del bloque hacia EE. UU., incluyendo productos farmacéuticos. Sin embargo, Trump afirmó que los medicamentos quedaban fuera del pacto, dando a entender que podrían enfrentarse a tasas más elevadas. Solo después, altos funcionarios estadounidenses matizaron que los productos farmacéuticos europeos sí estarían sujetos al 15%, aunque también admitieron que está en marcha una investigación separada (bajo la Sección 232) que podría modificar ese escenario en las próximas semanas.
La confusión no termina ahí. Otro punto conflictivo ha sido el tratamiento del acero y el aluminio. Mientras Trump sostiene que se mantienen los aranceles del 50% ya existentes, Ursula Von der Leyen aseguró que se sustituirán por un sistema de cuotas y recortes. Nuevamente, fuentes estadounidenses aclararon más tarde que, de momento, no hay cambios y las exportaciones metálicas europeas seguirán enfrentando esas tasas elevadas.
Este tipo de divergencias no es exclusivo del acuerdo con Europa. En el reciente pacto con Japón, Trump anunció la creación de un fondo de inversión de 550.000 millones de dólares destinado a financiar proyectos en EE. UU., como parte de la apertura del mercado japonés. Sin embargo, hasta el momento no se conocen detalles concretos sobre la estructura, calendario o mecanismos de dicho fondo. Desde Tokio se ha tratado más como una promesa genérica que como un compromiso formal, lo que refuerza la sensación de que muchos de estos acuerdos responden más a declaraciones políticas que a marcos operativos claros.
A esta incertidumbre se suma una nueva amenaza por parte de Washington: la posibilidad de penalizaciones adicionales para aquellos países que utilicen componentes o productos procedentes de China en sus cadenas de producción. Aunque no hay aún una normativa definida, la administración Trump ha advertido que se impondrán aranceles más altos a las importaciones de terceros países si incorporan materiales de origen chino. Esta medida, que busca debilitar aún más la posición de China en el comercio global, introduce una complejidad añadida para las empresas, que se ven forzadas a revisar y justificar el origen de cada eslabón de su cadena de suministro.
Fuente: ElMundo
Pero en el caso de la Unión Europea, además de aceptar el arancel del 15% sobre la mayoría de sus exportaciones, incluidos los automóviles, la UE se comprometió a realizar compras por valor de 750.000 millones de dólares en productos energéticos estadounidenses y a movilizar otros 600.000 millones en inversiones relacionadas con EE. UU. Aunque desde Bruselas se ha presentado como una iniciativa para reforzar la seguridad energética, tecnológica y estratégica común, diversas fuentes apuntan a que una parte significativa de ese volumen podría destinarse a la adquisición de equipamiento militar estadounidense. Otros analistas sugieren que las inversiones abarcarían también infraestructuras y proyectos industriales en suelo norteamericano. La falta de detalles concretos alimenta la incertidumbre sobre la naturaleza y el reparto real de ese compromiso. Estas concesiones se hicieron en un contexto de alta presión, ya que Trump había amenazado con imponer tasas del 30% e incluso del 50% si no se alcanzaba un acuerdo antes del 1 de agosto. El riesgo de una interpretación ambigua por ambas partes sigue siendo alto, máxime teniendo en cuenta las tensiones geopolíticas existentes y cuestiones técnicas aun sin resolver.
Las primeras reacciones en Europa no han hecho, sino profundizar el malestar. Francia calificó el pacto de “día sombrío” y una muestra de “sumisión humillante”. El primer ministro François Bayrou lamentó que Europa se haya resignado a aceptar unas condiciones impuestas sin obtener contrapartidas reales. En contraste, el canciller alemán Friedrich Merz respaldó el acuerdo, destacando que se ha evitado una guerra comercial que podría haber dañado gravemente la economía exportadora alemana. Aun así, desde el sector industrial alemán no han tardado en llegar duras críticas. Instituciones como el IFO, la BDI o la Federación de Comercio Exterior han tachado el acuerdo de asimétrico, doloroso y amenazante para la viabilidad de muchas empresas.
Conclusión
Von der Leyen ha tratado de presentar el acuerdo como un paso hacia la estabilidad transatlántica, pero los hechos apuntan a lo contrario: lo que parecía una tregua comercial puede convertirse en una nueva fuente de incertidumbre. Las divisiones internas dentro de la UE, las críticas de los sectores económicos más afectados y la falta de claridad sobre los compromisos asumidos generan un panorama complejo. Para muchos, este acuerdo no ha evitado una guerra comercial, sino que ha inaugurado una etapa de subordinación y fragilidad estratégica para Europa.
En el caso concreto de España, el acuerdo acelera una tendencia que ya se venía gestando: la creciente dependencia del gas natural licuado procedente de Estados Unidos. En lo que va de año, las importaciones de gas estadounidense han aumentado un 79%, reemplazando de forma acelerada a Rusia como proveedor clave. Esta situación se ve agravada por la voluntad del Gobierno español de cerrar las centrales nucleares, lo que elimina una fuente autóctona de energía estable en plena transición energética. En junio, el uso del gas para generar electricidad se disparó más de un 150% respecto al año anterior, y todo apunta a que esta dependencia se intensificará con los compromisos adquiridos por la Comisión Europea.
Europa hace frente común contra China, pero España va por libre
La visita de Ursula von der Leyen a Pekín ha dejado más preguntas que respuestas. Lejos de limar asperezas, la presidenta de la Comisión Europea se encontró con un Xi Jinping inflexible. El tono fue frío, la tensión evidente y los acuerdos prácticamente inexistentes. Bruselas denunció un déficit comercial “inaceptable” de 305.000 millones de euros, reclamó a Pekín un acceso más justo al mercado chino y exigió el fin de represalias contra productos europeos como la carne de cerdo o los cosméticos. Además, la UE aprovechó para reiterar su preocupación por los derechos humanos en Xinjiang y Hong Kong, y para presionar a China en su relación con Rusia.
Frente a este discurso firme y crítico, destaca la postura del presidente español Pedro Sánchez. Apenas cien días antes había viajado a Pekín en una visita que, según Moncloa, estaba coordinada con Bruselas, aunque los hechos lo desmienten. Mientras Von der Leyen hablaba de distorsiones sistémicas y exigía reciprocidad comercial, Sánchez optaba por un mensaje conciliador. Promocionó acuerdos en el sector porcino, celebró avances en medicamentos y evitó toda referencia a los derechos humanos o a la guerra en Ucrania. En su afán por atraer inversiones chinas —como una posible planta de vehículos eléctricos—, el líder del PSOE se mostró como un socio más próximo a los intereses de Pekín que a los del bloque europeo.
Este desmarque no es nuevo, pero se ha intensificado con el reciente acuerdo del Gobierno español con Huawei, adjudicando a la tecnológica china el almacenamiento de escuchas telefónicas judiciales por más de 12 millones de euros. Un movimiento que ha desatado una tormenta en Bruselas. La Comisión Europea lleva dos años alertando del “alto riesgo” de espionaje que suponen Huawei y ZTE, recomendando su exclusión de infraestructuras críticas. España, lejos de seguir estas directrices, ha ido en dirección contraria, desafiando abiertamente las recomendaciones comunitarias. Para la UE, esta decisión no solo compromete la seguridad nacional, sino que expone a toda la Unión a riesgos innecesarios.
Bruselas no se explica el comportamiento del Gobierno español. Considera que la renovación del vínculo con Huawei es un acto incomprensible y potencialmente dañino. Más aún, cuando la relación con China atraviesa un momento delicado, con fricciones comerciales, estratégicas y geopolíticas en aumento.
Sánchez juega a dos bandas: pide protección a la UE frente a la guerra comercial con EE. UU., pero busca trato preferente en China actuando al margen del consenso europeo. Y no se trata de un juego nuevo: en el seno de la OTAN, España ha seguido una lógica similar, solicitando la protección del paraguas militar aliado sin estar dispuesta a cumplir con los compromisos de gasto en defensa que han aprobado todos los miembros. Puede que esta estrategia le funcione a corto plazo en términos económicos o diplomáticos, pero políticamente está erosionando la credibilidad de España dentro del bloque. Mientras Von der Leyen intenta presentar una Europa unida y coherente frente a Pekín, los gestos del presidente español socavan esa imagen. Y lo hacen justo cuando la UE más necesita hablar con una sola voz.
Conclusión
España se arriesga a quedar aislada dentro de la Unión si continúa privilegiando acuerdos bilaterales que contradicen la estrategia común. En un contexto global cada vez más polarizado, no es momento para ambigüedades. La credibilidad de Europa —y la de sus miembros— está en juego. En paralelo, Pedro Sánchez parece estar reorientando su política exterior hacia países más afines ideológicamente, alejándose del núcleo duro europeo tras el giro hacia la derecha que ha experimentado la UE el último año. Durante su séptima gira por América Latina en julio de 2025, visitó Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay, donde coincidió con líderes progresistas como Gabriel Boric, Lula da Silva, Gustavo Petro y Yamandú Orsi en la cumbre Democracia Siempre. Esta línea también se ha dejado ver en la proximidad mantenida con el régimen de Nicolás Maduro, en parte canalizada a través de la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuya mediación y apoyo al Gobierno venezolano ha sido objeto de controversia en Europa.
A ello hay que añadir sus recientes gestos hacia China, que refuerzan la percepción de que está priorizando vetas internacionales ideológicas frente al consenso europeo.
Sin embargo, mientras España siga formando parte de la Unión Europea, el presidente del Gobierno no debería olvidar quiénes son sus verdaderos socios estratégicos y económicos. Priorizar afinidades ideológicas por encima del consenso europeo puede generarle fricciones cada vez más profundas con sus aliados naturales dentro del bloque.
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¿Quién protege a quién en la nueva guerra comercial?
Cada vez que un gobierno impone aranceles bajo el pretexto de defender su industria nacional, deberíamos hacernos una pregunta incómoda: ¿y si lo que está destruyendo esa industria es precisamente la medida pensada para protegerla?
Estados Unidos acaba de anunciar que a finales de este año impondrá un arancel del 93,5% al grafito chino. Sumado a las tasas ya existentes, la carga total podría superar el 160%. El problema es que EE. UU. importa el 100% del grafito natural y el 30% del artificial que necesita. Y China, guste o no, es el principal proveedor de ambos. El objetivo declarado es alcanzar la autosuficiencia en minerales críticos, como el grafito, sin el cual simplemente no hay baterías. Pero la pregunta es si tiene sentido cortar el suministro antes de haber desarrollado una alternativa doméstica. De momento, la industria estadounidense no está lista para suplir ese vacío. Y mientras tanto, sectores clave como el de los coches eléctricos corren el riesgo de quedarse sin materia prima, justo en el momento en que necesitan acelerar su producción.
Fuente: elMundo
El mensaje de fondo es inquietante: el proteccionismo mal diseñado no protege, sino que debilita. El sueño de «América grande otra vez» puede acabar siendo una pesadilla si las industrias que quiere proteger no sobreviven a las propias medidas adoptadas. Pero esto no es solo cosa de Trump ni de EE. UU. El nacionalismo económico ya es una tendencia global. Europa también empieza a blindar sectores estratégicos, y China hace tiempo que juega su propia partida. La novedad es que los países en desarrollo, proveedores esenciales de materias primas críticas, han empezado a devolver el golpe.
Mali ha confiscado una tonelada de oro a la canadiense Barrick Mining. Níger ha nacionalizado una mina de uranio operada por una empresa francesa. La República Democrática del Congo ha prohibido exportar cobalto desde febrero para forzar el desarrollo de una industria local. Y otros países africanos como Ghana, Botsuana o Nigeria les siguen los pasos.
La cadena de suministro global se fragmenta, y lo hace justo en los eslabones más críticos. Occidente quiere minerales estratégicos, pero los países que los poseen ya no aceptan el viejo reparto de poder. Quieren industria, tecnología y soberanía. Y están dispuestos a poner barreras para conseguirlo.
Conclusión
Esta nueva guerra comercial no solo se libra con aranceles. También se combate con nacionalizaciones, prohibiciones de exportación y una creciente batalla por el control de los recursos. Y en medio de todo ello, industrias como la del coche eléctrico, la transición energética o la inteligencia artificial, que dependen de esos materiales, podrían verse atrapadas en un fuego cruzado del que no todos saldrán indemnes.
