The trader nº 106
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Mis claves
Donald Trump ha vuelto a colocar los aranceles en el centro del tablero geopolítico. Su regreso al poder ha estado marcado por una ofensiva comercial sin precedentes, impulsada bajo el paraguas de una supuesta “emergencia económica” nacional. A diferencia de su primer mandato, ahora se enfrenta a una resistencia legal cada vez más firme. Una corte federal de comercio ha dictaminado que la mayoría de los aranceles impuestos por Trump son ilegales, al considerar que ha abusado de los poderes presidenciales conferidos por la ley IEEPA, un instrumento creado en 1977 para gestionar crisis financieras o amenazas externas, no para imponer tarifas aduaneras generalizadas.
El fallo judicial representa un revés significativo para una de las piezas clave de su estrategia económica. Aunque una corte de apelaciones ha concedido una pausa temporal a la decisión, el futuro de esta política pende de un hilo y podría acabar en manos del Tribunal Supremo. En paralelo, la Casa Blanca maniobra con rapidez, tratando de esquivar los límites legales establecidos. Peter Navarro, uno de los asesores más radicales del entorno trumpista, lo dijo sin rodeos: “No hay Plan B. Todo es Plan A”. Esa “estrategia total” incluye recurrir a otras herramientas legales como la Sección 232, utilizada para imponer aranceles por motivos de seguridad nacional; la Sección 301, basada en prácticas comerciales desleales; o incluso la Sección 122, que permitiría tarifas del 15% durante un plazo de 150 días.
Trump ya ha empezado a aplicar esa estrategia. En las últimas semanas, ha anunciado la duplicación de los aranceles al acero y al aluminio, pasando del 25% al 50%, justificándolo como una medida para proteger la industria nacional frente a las importaciones que, según él, “ponen en peligro la seguridad económica de EE. UU.”. Este movimiento reaviva la tensión con múltiples socios comerciales y amenaza con desatar represalias, especialmente por parte de Europa, Canadá y China, que ya estudian contramedidas.
Mientras libra esta batalla en los tribunales, Trump ha impulsado una nueva ofensiva fiscal con la llamada Sección 899, discretamente incluida en su gigantesco proyecto de ley de gasto e impuestos. Esta medida busca penalizar a individuos y empresas extranjeras provenientes de países con políticas fiscales consideradas “discriminatorias” por EE. UU. El objetivo son naciones como Canadá, Reino Unido, Francia o Australia, que han aprobado impuestos digitales dirigidos a gigantes tecnológicos estadounidenses como Meta, Amazon o Apple. La medida elevaría los impuestos sobre las rentas pasivas que generan esos inversores en EE. UU., de forma progresiva, hasta 20 puntos por encima del tipo general. El impacto potencial es enorme: los analistas alertan de que esta ofensiva puede disuadir a los inversores internacionales y erosionar la confianza en los activos estadounidenses, justo cuando el mercado de deuda y el dólar comienzan a mostrar síntomas de debilidad estructural.
La idea de convertir los mercados de capitales en un instrumento de presión política inquieta a Wall Street. Algunas voces lo describen como el inicio de una posible “guerra del capital” que suceda a la guerra comercial. De hecho, se estima que los inversores extranjeros poseen más de 30 billones de dólares en activos estadounidenses. Cualquier movimiento que afecte a ese capital puede tener consecuencias globales.
Al mismo tiempo, en los tribunales se suceden las demandas. El Tribunal de Comercio Internacional ya ha calificado de “inconstitucional” la imposición de aranceles por parte de Trump amparándose en la IEEPA. El argumento central es claro: la Constitución otorga al Congreso, no al presidente, el poder de gravar y regular el comercio con naciones extranjeras. Varios estados demócratas, así como asociaciones de empresas, han demandado al gobierno por lo que consideran un uso abusivo del poder ejecutivo. Trump, fiel a su estilo, responde con ataques personales a los jueces, tildándolos de “no elegidos” y acusándolos de poner en peligro la soberanía económica de Estados Unidos.
El alcance de esta guerra comercial y fiscal no se limita a China, México o Canadá. También afecta a las relaciones con Europa, India, Japón e incluso al Reino Unido, con quien se estaba negociando los detalles de un tratado bilateral. El anuncio de aranceles del 10% a las importaciones británicas ha quedado en suspenso ante la inseguridad jurídica generada por los fallos judiciales.
Conclusión:
Trump ha declarado una guerra económica total con armas nuevas: legislación de emergencia, fiscalidad agresiva y una narrativa de confrontación constante y errática. En su cruzada por redefinir el comercio internacional y restaurar lo que considera la “justicia económica americana”, ha encendido alarmas no solo fuera de EE. UU., sino también dentro de su propio sistema institucional. Si los tribunales limitan su margen de acción, no cabe duda de que explorará rutas aún más agresivas, aunque eso implique minar la confianza de los inversores globales o tensionar aún más los equilibrios internos. La pregunta ya no es si Trump puede ejecutar su agenda, sino a qué coste lo hará para su país y para el orden económico internacional.
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Europa vuelve al radar global de los inversores
Después de años en la sombra, las bolsas europeas están volviendo con fuerza al foco de los inversores internacionales. En lo que va de 2025, los flujos de capital hacia los mercados bursátiles del Viejo Continente han alcanzado los 110.000 millones de dólares, el mayor volumen de entrada en una década, según datos de Bank of America.
Este cambio no es casual. Mientras en EE. UU. las pequeñas compañías viven su mayor fuga de capitales de la historia —con salidas que superan los 68.000 millones de dólares—, en Europa las bolsas baten récords. El Ibex 35 ha superado los 14.300 puntos, niveles que no se veían desde 2008. El DAX alemán ha cruzado la barrera de los 24.000 puntos, firmando un nuevo hito histórico.
Fuente: elmundo
Los motivos de este giro de capitales son múltiples. Por un lado, los riesgos asociados a la nueva administración Trump han provocado una retirada de capitales de activos denominados en dólares. Por otro, el resto del mundo busca diversificar su exposición cambiaria y refugiarse en mercados menos vulnerables a la geopolítica estadounidense.
Además, Europa empieza a ofrecer catalizadores propios al decidir ampliar el gasto fiscal. El plan de rearme de 800.000 millones de euros en cuatro años, a lo que hay que añadir otros 500.000 millones más que Alemania está dispuesta a gastar para invertir en infraestructuras, ha provocado optimismo entre los inversores que veían como hasta ahora era EE. UU. el que crecía gracias a políticas fiscales ultras expansivas, mientras que en Europa se apostaba por el control del déficit y la deuda.
Aunque los flujos se han concentrado inicialmente en Alemania y Suiza, España ha captado ya cerca del 8% del total. La preferencia de los inversores es clara: grandes compañías, sectores industriales, financieros y sanitarios. Quedan fuera por ahora las empresas más pequeñas, aún muy vinculadas a la demanda interna.
Conclusión
El cambio de narrativa es evidente. Durante dos décadas, los fondos centrados en compañías europeas vivieron una constante sangría de capital —más de 698.000 millones de dólares en salidas netas—. Hoy, esa tendencia ha dado un giro de 180 grados. Solo en lo que va de 2025, han entrado 38.400 millones de euros en productos centrados en Europa, incluyendo más de 11.000 millones en fondos domiciliados en EE. UU.
Las razones detrás de este renovado apetito por Europa son claras: valoraciones más baratas, mayor presencia de empresas cíclicas y una oportunidad real de diversificación frente al dominio tecnológico estadounidense.
Europa vuelve, y lo hace con fuerza. Ahora la clave está en mantener el impulso.
Los beneficios empresariales se desinflan en EE. UU.
Según los datos publicados por la Oficina de Análisis Económico (BEA), las ganancias corporativas descendieron en 118.100 millones de dólares durante el primer trimestre del año. Este desplome representa el mayor retroceso trimestral desde los momentos más duros de la crisis del COVID-19. Un verdadero jarro de agua fría para quienes confiaban en que la solidez empresarial seguiría sosteniendo la expansión económica.
Fuente: MishTalk
La combinación de un crecimiento débil en el primer trimestre del año, junto a una fuerte contracción en las ganancias sugiere que las empresas están teniendo dificultades para trasladar los costes crecientes —particularmente los laborales— a los precios finales. Los márgenes se comprimen, la productividad no despega y el entorno de tipos de interés elevados complica la financiación y la inversión. En este contexto, el deterioro de los beneficios no solo es una señal preocupante por sí misma, sino que también tiene implicaciones de segundo orden sobre el empleo, el crédito y, por supuesto, la bolsa.
Este retroceso en las ganancias llega en un momento en el que las valoraciones del S&P 500 siguen siendo exigentes. Muchas cotizaciones descuentan un crecimiento continuo y sostenido en los beneficios, algo que ahora parece cada vez menos probable si esta tendencia se mantiene.
Conclusión:
El mercado sigue apoyado en la narrativa del «soft landing» o aterrizaje suave de la economía, y en la resiliencia del consumo, pero los beneficios empresariales están lanzando una advertencia clara. Si las empresas empiezan a mostrar síntomas de fatiga, el ciclo económico podría debilitarse más rápido de lo previsto. La caída en las ganancias puede ser un hecho aislado debido a la guerra comercial, pero también podría ser la primera grieta en una fachada que parecía mucho más sólida. Conviene estar atentos.
En el radar
China sigue reduciendo su exposición a la deuda estadounidense
China ha reducido de forma constante su exposición a la deuda pública de EE. UU., y la tendencia se está acelerando. Con 673.940 millones de euros en bonos del Tesoro, Pekín sigue siendo el tercer mayor tenedor extranjero, pero la distancia respecto a los 1,16 billones que poseía en 2011 es significativa. Esta caída del 42% no es una mera decisión financiera: también tiene una carga geopolítica difícil de ignorar.
Fuente: Bloomberg
Para el gobierno chino, diversificar sus reservas es una estrategia lógica ante la creciente tensión con Estados Unidos. Las sanciones, restricciones tecnológicas y la guerra comercial han minado la confianza mutua. Deshacerse progresivamente de los bonos del Tesoro puede interpretarse como una forma de reducir vulnerabilidades frente a eventuales represalias financieras, o incluso como una manera de presionar al gobierno estadounidense en un momento en que su déficit fiscal se ha disparado.
La lectura económica es igual de relevante. China sabe que una venta masiva y rápida de bonos podría disparar los tipos de interés en EE. UU., pero también provocaría una depreciación de los activos que aún conserva. Por tanto, lo hace de forma gradual, en una especie de equilibrio entre minimizar pérdidas y enviar un mensaje claro: el dominio del dólar como moneda de reserva mundial no es eterno.
Pero no debemos olvidar que un hecho que está afectando a una menor cartera de deuda estadounidense en el balance de China es consecuencia directa de la guerra arancelaria: el superávit comercial de China con EE. UU. se ha ido reduciendo en los últimos años, lo que implica una menor entrada de dólares en su balanza de pagos y, por tanto, menos necesidad de reciclar esas divisas en bonos del Tesoro.
Conclusión
La salida de China de los bonos del Tesoro es un gesto cargado de simbolismo. No es solo una cuestión de cifras, sino una pieza más del tablero geopolítico global. A medida que Washington y Pekín refuerzan sus bloques de influencia, se afianza el riesgo de desdolarización, y con ella, una nueva era de confrontación económica y reequilibrio monetario mundial.
Está claro que China, quiere aumentar el papel del yuan en los acuerdos comerciales internacionales, así como la expansión de infraestructuras como el sistema CIPS (alternativa china al SWIFT) en un intento por construir un orden económico menos dependiente del dólar. Pero este tipo de cambios llevan años antes de percibirse por el público en general.
Japón ante el abismo fiscal
Durante décadas, Japón ha recurrido al gasto público financiado por deuda como una herramienta para sostener su economía y contener el descontento social. Esta estrategia, posible gracias a tipos de interés persistentemente bajos, permitió al gobierno mantener subsidios en las zonas rurales, apoyar a sectores estratégicos y responder con contundencia a crisis como la pandemia. Sin embargo, ese modelo empieza a mostrar señales de agotamiento.
La deuda pública japonesa roza ya los 9 billones de dólares, más del doble de su producto interior bruto. Este nivel, el más alto entre las grandes economías del mundo, ha encendido todas las alarmas en los mercados financieros. La reciente subida en los rendimientos de los bonos a largo plazo y la débil demanda en una subasta de deuda a 40 años evidencian que los inversores empiezan a cuestionar la sostenibilidad del endeudamiento japonés.
Con unas elecciones parlamentarias a la vuelta de la esquina, el gobierno del primer ministro Shigeru Ishiba se enfrenta a un dilema complicado: aumentar el gasto para calmar las demandas sociales y empresariales, o contenerlo para evitar una escalada de los costes financieros. Mientras tanto, el Banco de Japón ha iniciado un proceso de normalización monetaria, alejándose de las tasas negativas que facilitaron durante años la emisión de deuda a bajo coste.
Las consecuencias de este cambio de contexto son múltiples. Por un lado, sectores como las pequeñas empresas —afectadas por los aranceles de EE. UU.— y los hogares, golpeados por la inflación, exigen más apoyo público. Por otro, el envejecimiento de la población sigue presionando el sistema de pensiones y de salud, obligando al Estado a mantener altos niveles de gasto social. Todo ello en un país donde una gran parte de la deuda está en manos de instituciones nacionales, lo que mitiga el riesgo de una fuga de capitales, pero no elimina las dudas sobre la sostenibilidad a largo plazo.
Fuente: Tradingview
Conclusión
El país empieza a mostrar signos de un incipiente descontento urbano, una forma de populismo distinta a la que se observa en Europa o América del Norte. Algunos trabajadores no fijos y ejecutivos jóvenes sienten que cargan con el peso fiscal del país mientras el gasto se distribuye de forma uniforme en todo el territorio, perpetuando desequilibrios que ya no se consideran sostenibles.
El modelo japonés de cohesión social basado en el gasto público enfrenta hoy su prueba más difícil. La pregunta ya no es si puede mantenerse, sino por cuánto tiempo más.
Te recomiendo:
Esta semana os recomiendo el podcast del diario El Confidencial sobre economía para GEN Z, una apuesta por difundir la cultura financiera entre los más jóvenes que se agradece. Enhorabuena. Puedes encontrarlo en el diario y también en las principales plataformas como Spotify
