The trader nº 172

Probablemente pocas veces España vuelva a tener delante una oportunidad económica comparable a la que supusieron los fondos europeos “Next Generation”. Tras la pandemia, nuestro país obtuvo inicialmente acceso a alrededor de 140.000 millones de euros entre transferencias y préstamos, convirtiéndose en uno de los principales beneficiarios del programa europeo, solo por detrás de Italia.

Pero aquel dinero no nació simplemente para reparar los daños provocados por la pandemia. El objetivo era mucho más ambicioso: transformar nuestro modelo productivo, digitalizar las empresas, acelerar la transición energética y, sobre todo, atacar algunos de los problemas estructurales que España arrastra desde hace décadas, como la baja productividad, el reducido tamaño empresarial o la insuficiente inversión privada. Cinco años después, merece la pena preguntarse cuánto de aquella transformación se ha producido realmente.

Sería injusto afirmar que los fondos no han servido para nada. Funcas estima que explicaron entre el 10% y el 14% del crecimiento del PIB español entre 2021 y 2025 y su impacto sobre la inversión pública ha sido considerable. España también ha avanzado en ámbitos como las energías renovables, la digitalización o determinadas infraestructuras.

El problema aparece cuando dejamos de medir cuánto dinero se ha gastado y empezamos a preguntarnos qué ha quedado detrás. Mientras la inversión pública aumentó con mucha fuerza, la inversión empresarial permanecía a finales de 2025 un 3,3% por debajo de los niveles anteriores a la pandemia en términos reales. Y esto es importante porque uno de los objetivos era precisamente que el dinero público actuase como palanca para conseguir que las empresas invirtieran también más.

Tampoco parece haberse producido un cambio sustancial en otro de nuestros problemas históricos: el reducido tamaño de las empresas españolas. Nuestro tejido empresarial continúa dominado por pequeñas empresas y microempresas, que generalmente tienen más dificultades para invertir en tecnología, innovar, exportar y acceder a financiación. Todo ello termina afectando a la productividad, que no es otra cosa que cuánto somos capaces de producir con cada trabajador o con cada hora trabajada. Y ahí la mejora durante estos años ha sido bastante limitada.

Esto ayuda a entender una aparente contradicción. España está creciendo claramente más que buena parte de Europa y creando, según las estadísticas oficiales, muchísimo empleo, pero eso no significa necesariamente que cada español se esté haciendo más rico al mismo ritmo.

Una parte importante de la explicación está en cómo estamos creciendo. Desde 2022, cerca del 80% del incremento del empleo se explica por el aumento de la población extranjera ocupada. Esto no tiene por qué ser negativo: una economía que envejece necesita trabajadores. Pero existe una diferencia fundamental entre crecer porque tenemos más personas produciendo y crecer porque cada persona produce más. Lo primero aumenta el tamaño de la economía; lo segundo aumenta su productividad y permite elevar de forma más sostenible los salarios y el nivel de vida.

Por eso conviene distinguir entre PIB y PIB per cápita. El PIB mide todo lo que produce un país, mientras que el PIB per cápita divide esa producción entre el número de habitantes y nos aproxima mucho mejor a cómo evoluciona la riqueza por persona. España puede crecer mucho porque aumenta su población y tiene más trabajadores, pero si ese crecimiento se reparte entre cada vez más habitantes, la mejora individual será considerablemente menor.

Y eso es precisamente lo que muestran los datos. En 2025, el PIB per cápita español ajustado por poder adquisitivo —es decir, teniendo en cuenta también las diferencias en el coste de la vida entre países— seguía alrededor del 92% de la media de la Unión Europea. Estamos por debajo de Francia e Italia y muy lejos de Alemania. Después de varios años creciendo claramente por encima de muchas economías europeas y de haber recibido una ayuda extraordinaria, seguimos sin cerrar de forma significativa nuestra brecha de renta.

Además, incluso el PIB per cápita necesita una segunda lectura. Podemos tener más renta por habitante, pero si los precios también suben con fuerza, una parte de esa mejora desaparece. Por eso se distingue entre crecimiento nominal, que incorpora la subida de los precios, y crecimiento real, que descuenta la inflación para intentar medir cuánto hemos aumentado verdaderamente nuestra producción y nuestro poder económico.

Para una familia todo esto puede resumirse de una manera mucho más sencilla: importa relativamente poco que España pueda presumir de que su PIB crece más que el de Francia o Alemania. Lo que realmente importa es cuánto aumenta la renta que corresponde a cada ciudadano y qué puede comprar con ella. Es decir, cuánto mejora su renta por habitante y cuánto de esa mejora se come después el aumento del coste de la vida.

Quizá por eso el verdadero balance de los fondos europeos no debería hacerse contando únicamente cuánto dinero hemos recibido o cuántos puntos adicionales de PIB han generado. La prueba definitiva es comprobar qué queda cuando desaparece el estímulo: empresas más grandes, más inversión privada, mayor productividad y una renta por habitante convergiendo con las principales economías europeas. Si eso no ocurre, tendremos que admitir que una parte importante de aquella oportunidad histórica no consiguió su objetivo.

Conclusión

Una cosa es utilizar una cantidad extraordinaria de dinero para impulsar la economía y otra muy distinta aprovecharla para transformar nuestra capacidad de generar riqueza. Hasta ahora tenemos bastantes evidencias de lo primero y muchas menos de lo segundo.

Al final, hay una prueba todavía más importante: ¿ha mejorado realmente la vida de los españoles? Porque frente a las buenas cifras de PIB y empleo encontramos una renta por habitante que apenas converge con Europa, una vivienda cada vez menos accesible y más de uno de cada tres menores en riesgo de pobreza o exclusión social.

Los políticos pueden celebrar las grandes cifras macroeconómicas, pero para un ciudadano que no puede acceder a una vivienda, cuyo poder adquisitivo apenas mejora o que tiene dificultades para llegar a fin de mes, esas estadísticas significan bastante poco.

Después de una oportunidad histórica difícilmente repetible, quizá la pregunta definitiva no sea cuánto ha crecido España, sino cuánto mejor vivimos los españoles. Y ahí el balance resulta mucho más difícil de celebrar.