The trader nº 110

La política tradicional, dividida entre izquierda y derecha, hace tiempo que dejó de explicar el mundo en el que vivimos. Hoy, las verdaderas tensiones no surgen del eterno debate sobre el tamaño del Estado o la progresividad fiscal. Surgen de una nueva fractura: la que enfrenta a los centristas frente a los populistas. Es una batalla mucho más profunda y peligrosa, porque cuestiona los principios básicos sobre los que se ha construido el progreso en las democracias liberales.

Los extremos, tanto de izquierda como de derecha, parecen hoy más cercanos entre sí de lo que están respecto a sus pares moderados. La teoría de la herradura, que plantea que los extremos políticos se tocan, nunca fue tan evidente. Ambos comparten un enemigo común: el sistema. Ambos desconfían de la globalización, de las instituciones, de los expertos y del crecimiento como motor de bienestar. Ambos adoptan una visión de suma cero: si unos ganan, otros necesariamente pierden. Y ambos pretenden imponer cambios radicales en nombre del pueblo, aun a costa de destruir los consensos que sostienen nuestras sociedades.

Frente a ellos, los centristas —cada vez más acorralados— intentan sostener una visión más optimista, racional y abierta del mundo. Una visión que defiende que el crecimiento puede beneficiar a todos, que el comercio internacional es una herramienta de prosperidad, y que el Estado tiene un rol importante pero no omnipotente. Una visión que, sin negar los problemas, apuesta por soluciones realistas y no por discursos incendiarios. Pero en una época donde los gritos se escuchan más que los argumentos, defender la moderación es nadar contracorriente.

Lo preocupante es que los populistas ya no son marginales. Han ganado poder, voz y representación en muchos países del mundo. Los discursos populistas se han convertido en eje central del poder político. Y lo hacen con promesas simples para problemas complejos. Promesas que apelan más a las emociones que a los hechos. Que venden identidad, protección y castigo a los culpables de siempre: las élites, los inmigrantes, los tecnócratas, los ricos o los extranjeros, según convenga. Se alimentan del malestar real, pero lo canalizan hacia soluciones ficticias, y muchas veces peligrosas.

En este nuevo tablero político, los centristas lo tienen mucho más difícil. Su mensaje es menos atractivo en un mundo donde prima el enfado y la frustración. Defender el crecimiento, la estabilidad y las instituciones no moviliza pasiones. Y, sin embargo, es más necesario que nunca. Porque cuando se rompen las bases del acuerdo institucional, no queda nada que garantice la convivencia, la libertad ni la prosperidad.

La economía ha entrado de lleno en este nuevo eje de conflicto. Ya no discutimos solo cuánto gastar o qué impuestos subir o bajar. Discutimos si el crecimiento es deseable, si la globalización es buena, si el mercado debe existir. Discutimos, en definitiva, si queremos arreglar el sistema o romperlo. Y esa elección define mucho más que una política pública: define qué tipo de sociedad vamos a ser, qué papel queremos que juegue el Estado y cuánto valoramos el esfuerzo, la innovación y el mérito. No se trata de negar que el sistema tenga fallos. Claro que los tiene. Pero romperlo todo por impulso, sin pensar en las consecuencias, solo genera más daño. El populismo, al final, no construye. Solo denuncia y destruye. Promete rescatar al pueblo, pero lo deja más empobrecido, más dividido y dependiente.

Es hora de reconocer que la batalla no es entre ideologías clásicas. Es entre los que quieren construir y los que solo quieren destruir. Entre los que buscan soluciones imperfectas y los que venden soluciones mágicas. Entre quienes aceptan la complejidad y quienes solo quieren culpables. Y esa distinción marcará el rumbo político y económico del futuro.

La pregunta es si nosotros, como ciudadanos, vamos a dejarnos arrastrar hacia el populismo o vamos a ponerle un límite antes de que sea demasiado tarde. Porque el populismo no se detiene solo. Se frena con pensamiento crítico, con instituciones sólidas y con una ciudadanía exigente que no se deje seducir por atajos peligrosos.

Conclusión

Personalmente, creo firmemente en la necesidad del Estado. Es esencial para garantizar justicia, cohesión social, infraestructura, educación y seguridad. Pero también estoy convencido de que hemos ido demasiado lejos. Las Administraciones Públicas han crecido hasta convertirse en estructuras gigantescas, ineficientes y derrochadoras, que consumen una parte desproporcionada de nuestros recursos. Cada euro malgastado por un aparato burocrático sobredimensionado es un euro que se resta al ciudadano, a las empresas, a la inversión productiva y al crecimiento económico.

El Estado debe existir, pero no debe asfixiar. Debe proteger, pero no intervenir en todo. Debe regular, pero sin ahogar la iniciativa privada. Cuando el Estado se convierte en un fin en sí mismo y no en un instrumento al servicio de la sociedad, pierde legitimidad. Y esa pérdida se traduce en frustración, en evasión fiscal, en desconfianza generalizada. Por eso, urge devolver al Estado a una dimensión más sensata, eficaz y respetuosa con quienes lo financian: todos nosotros. Porque un Estado más austero y eficiente no es menos justo. Es, precisamente, un Estado más justo.